San Juan, 10 dic (INS).- El director de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz, le solicitó al comisionado de la Policía, Henry Escalera, reevaluar y detener los bloqueos en las carreteras que ordenó para velar por el cumplimiento de la orden ejecutiva 2020-087.
En una comunicación enviada a Escalera ayer, Padilla Ruiz enumera una serie de derechos protegidos por la Constitución de Puerto Rico, pero enfatiza en el derecho a la intimidad. En la misiva destaca, además, que la Constitución consagra la dignidad del ser humano como axioma principal y eje de toda la articulación de las garantías fundamentales.
“Los bloqueos que comenzaron el lunes han provocado desasosiego y congestión vehicular. Ha sido una intervención indebida y en plena violación al derecho a la intimidad que gozamos todos. Nadie puede intervenir de modo indebido con el círculo privado de nadie. Ese círculo privado incluye la familia, hogar, papeles, propiedad, efectos y libros, correspondencia y otras comunicaciones y, claro está, la propia persona. Es un derecho que tiene muchos aspectos”, subrayó.
Asimismo, citó el caso Pueblo v. Sosa Díaz, de 1964, en el que el Tribunal Supremo extendió la protección constitucional que ofrece la sección 10 del artículo II de la Constitución a los vehículos de motor.
Aunque el Tribunal Supremo ha resuelto que el alcance de la protección de las personas en circunstancias que involucran automóviles es menor, “ello no significa que al viajar en un automóvil renunciamos a nuestro derecho a la intimidad y a no auto incriminarnos”.
“La realización de un bloqueo de carreteras con el objetivo de encontrar a cualquiera que haya cometido un delito no es justificación para la validación de la detención. Por lo cual, como norma general, la utilización de bloqueos de carreteras con propósitos generales es ilegal”, añadió Padilla Ruiz.
Finalmente, le recordó al comisionado de la Policía que para determinar la razonabilidad de la actuación gubernamental en la realización de detención de vehículos en un bloqueo de carreteras se debe evaluar el balance de factores.
Esto incluye la magnitud del interés público servido por la incautación, el grado con que dicha incautación adelanta el interés público y el grado de interferencia con la intimidad y libertad individual.
“Detener un vehículo para saber las razones por las cuales sus ocupantes no llevan mascarilla no satisface el requisito de razonabilidad que ha resuelto la jurisprudencia. Pretender que todas las personas que viajen en un vehículo porten identificación es una exigencia que rebasa las garantías incluidas nuestra Carta de Derechos. Más aún, pretender que una persona acredite si vive en el mismo núcleo familiar es una intromisión que violenta el principio fundamental del derecho a la intimidad”, concluyó. INS
